print '';

Tuesday March 3, 2015

10:38 »RED COMUNICA. TRADUCCI脫N E INTERPRETACI脫N EN SERVICIOS P脷BLICOS
La Red Comunica opina

驴QU脡 HAY DE LA TRANSPOSICI脫N DE LA DIRECTIVA 64/2010?

Quiz谩 los lectores y seguidores de este blog se est茅n preguntando si hemos transpuesto ya en Espa帽a la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretaci贸n y a traducci贸n en los procesos penales. La respuesta es sencilla: TODAV脥A NO. La directiva conced铆a un plazo de tres a帽os (cuando lo normal son dos) para que los Estados Miembros transpusieran su contenido al ordenamiento jur铆dico nacional. Ese plazo venc铆a el 27 de octubre de 2013 y los gobiernos nacionales todav铆a dispon铆an de un a帽o m谩s para enviar a Bruselas el informe correspondiente para dar cuenta de las medidas llevadas a cabo. Pues bien, en julio de 2014 se hizo p煤blico que la Comisi贸n Europea hab铆a apremiado a Espa帽a por su retraso en la transposici贸n. Y no fue hasta el 1 de agosto de 2014 que el Consejo de Ministros aprob贸 y remiti贸 a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Org谩nica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010//64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretaci贸n y a traducci贸n en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informaci贸n en los procesos penales (en lo sucesivo PLO), inici谩ndose as铆 la correspondiente tramitaci贸n parlamentaria.
Dicho PLO es bastante general y, en lo sustancial, modifica el articulado vigente de la LECrim. y a帽ade varios art铆culos para transponer algunas de las cuestiones m谩s destacadas que recoge la Directiva: derecho a interpretaci贸n en conversaciones abogado-cliente, traducci贸n de documentos esenciales, utilizaci贸n de la videoconferencia, designaci贸n de int茅rpretes de entre los que figuren en un nuevo registro oficial, gratuidad de la traducci贸n e interpretaci贸n para las partes, etc. A pesar del avance que supone que nuestra legislaci贸n incorpore y regule situaciones como las enumeradas, no es menos cierto que en su redactado inicial el PLO tambi茅n mostraba, a juicio de formadores y asociaciones profesionales de int茅rpretes y traductores, importantes carencias, a saber: falta de claridad sobre si la norma ser铆a de plena aplicaci贸n en todas las diligencias policiales previstas por la Directiva; no derogaci贸n expresa de los art铆culos vigentes en lo relativo al nombramiento de int茅rprete, con la confusi贸n que eso podr铆a ocasionar; inclusi贸n de una disposici贸n adicional en la que se impide cualquier dotaci贸n presupuestaria o de personal para la aplicaci贸n de la nueva ley; y falta de concreci贸n sobre los criterios de acceso al futuro Registro Oficial de Traductores e Int茅rpretes Judiciales.
Es este 煤ltimo punto el que se nos antoja m谩s importante. El PLO prev茅 la creaci贸n de ese registro pero dispone que su creaci贸n efectiva deber谩 hacerse mediante Ley ordinaria, para lo que se da al gobierno un plazo m谩ximo de un a帽o desde el momento en que se aprueba el PLO para presentar un nuevo proyecto de ley al respecto. Ser谩 esa futura ley la que habr谩 de regular los criterios de acceso al registro, si bien el texto en tramitaci贸n parlamentaria ya deja entrever algunas posibilidades: 鈥減odr谩 solicitar el cumplimiento de otros requisitos diferentes a la formaci贸n o titulaci贸n鈥 y 鈥減odr谩n basarse en la experiencia del profesional鈥. En ning煤n lado se menciona la posibilidad de que se organicen pruebas de certificaci贸n objetivas, v谩lidas y fiables para medir la competencia traductora o en interpretaci贸n de los candidatos, 煤nica forma de garantizar que todos los profesionales inscritos en ese registro re煤nen las destrezas necesarias para realizar una labor de calidad, tal y como establece la Directiva 64/2010.
Desde colectivos profesionales y acad茅micos se ha llamado la atenci贸n de los diferentes grupos parlamentarios sobre esta cuesti贸n y han sido varias las enmiendas que se presentaron al respecto en la tramitaci贸n del texto en el Congreso de los Diputados. Desafortunadamente, estas enmiendas no prosperaron, fundamentalmente, por la negativa del grupo parlamentario mayoritario, a instancias del propio Ministerio de Justicia. En el momento actual el PLO se encuentra en el Senado y en breve se volver谩n a debatir las nuevas enmiendas que se han podido presentar. Confiamos en que todav铆a haya margen para que nuestros representantes p煤blicos se hagan eco de las demandas de la profesi贸n y de las universidades.
Resulta bastante llamativo que se pretenda crear un Registro Oficial de profesionales de la traducci贸n e interpretaci贸n en 谩mbitos judiciales y policiales y que no se baraje la organizaci贸n de pruebas de certificaci贸n profesional, tal y como ocurre en el resto de registros an谩logos. S铆, en Espa帽a hay registro an谩logos, y no s贸lo uno鈥arios. Spain is different!
驴Qui茅n no ha tenido en mente al leer esta entrada el Registro de Traductores-Int茅rpretes Jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, o los de la Generalitat de Catalu帽a, la Xunta de Galicia o el Gobierno Vasco en el caso de sus lenguas co-oficiales? Pues s铆鈥h铆 est谩n esos registros, algunos de larga trayectoria hist贸rica, en los que una de las v铆as de acceso es la superaci贸n de pruebas de certificaci贸n profesional. No es momento ahora de debatir si esas pruebas son o no las m谩s id贸neas y est谩n mejor o peor dise帽adas. Como tampoco lo es de ahondar en si estos registros ya existentes tienen como objetivo facilitar profesionales para el 谩mbito procesal penal. Oficialmente, algunos responsables ministeriales y auton贸micos insisten en que estos registros de jurados tienen otras funciones, vaya鈥ue son 鈥減ara otra cosa鈥 y que, adem谩s, no cubren los idiomas de m谩s demanda en dicho 谩mbito. Pero el caso es que en todos existen pruebas de certificaci贸n profesional que incluyen ejercicios de terminolog铆a jur铆dico-procesal, traducci贸n directa e inversa, as铆 como prueba de interpretaci贸n (en algunos casos basada en situaciones comunicativas mediadas por int茅rprete propias de juzgados y comisar铆as). Adem谩s, en la convocatoria de 2015 el MAEC incluye idiomas como alban茅s, 谩rabe, bielorruso, b煤lgaro, georgiano, indonesio, rumano, turco, ucraniano o urdu, por no mencionar el 隆lat铆n!.
Si en todos estos registros oficiales se considera que la v铆a de acceso 贸ptima es la superaci贸n de pruebas de certificaci贸n, 驴qu茅 empe帽o hay en que el Proyecto de Ley Org谩nica no contemple si quiera esa posibilidad? 驴Qu茅 motivaciones tiene el Ministerio de Justicia para que en su borrador sobre la futura ley del registro ni siquiera se plantee esas pruebas cuando organiza pruebas de certificaci贸n nacional para futuros abogados sin coste alguno para los candidatos? 驴Acaso existen presiones por parte de determinados c铆rculos para dar carta de naturaleza y oficialidad a numerosos 鈥渋nt茅rpretes鈥 ad-hoc que quiz谩 no superar铆an estas pruebas por falta de capacitaci贸n profesional? 驴C贸mo se garantizar谩 la seguridad jur铆dica de los justiciables y de las v铆ctimas si nadie comprueba la capacidad de los inscritos en el registro para traducir e interpretar? 驴Saben nuestras autoridades qu茅 es traducir o interpretar profesionalmente?
En una vuelta de tuerca m谩s, la respuesta a esta 煤ltima pregunta ya la tenemos: NO. A tall d鈥檈xemple鈥...la Generalitat de Catalu帽a, que ha decidido que no pod铆a esperar m谩s a que se aprobase el PLO y ha iniciado la tramitaci贸n de su propia ley auton贸mica para crear el Registro de traductores e int茅rpretes judiciales ante los 贸rganos judiciales con sede en Catalu帽a. La batalla competencial sobre en qui茅n recae la potestad de poner en marcha una iniciativa concreta prevista en una directiva comunitaria se la dejo a nuestros pol铆ticos y sus asesores. Vayamos al meollo del asunto.
En un alarde de gallard铆a ante la desesperante lentitud en la transposici贸n, a la que hay que sumar un manifiesto desconocimiento sobre la materia en cuesti贸n, alguna cabeza pensante nos ha dejado muy claro qu茅 hace falta para poder constituirse como traductor e int茅rprete judicial en una Comunidad Aut贸noma biling眉e: NADA. 驴C贸mo que nada? Escolta...que aqu铆 diu 鈥淎l Registre de traductors i int猫rprets judicials s鈥檋i poden inscriure: Els traductors i int猫rprets titulats que estiguin en possessi贸 d鈥檃lguna de les seg眉ents titulacions o habilitacions: a) T铆tol de traductor-int猫rpret jurat. b) T铆tol de llicenciat o, si escau, de grau en traducci贸 i interpretaci贸.鈥
脡s cert!...Pero tambi茅n dice que bastar铆a con un diploma de idiomas nivel C1; o con un diploma de idiomas de nivel inferior a C1 (驴A1? 驴A2? 驴B1? 驴B2?); o con titulaci贸n oficial referida a estudios cursados en el idioma en cuesti贸n; o acreditaci贸n de la nacionalidad correspondiente al idioma en cuesti贸n. 驴Alguien da m谩s? Pues bien, si la empanada mental para acreditar la competencia en traducci贸n y/o interpretaci贸n no fuera suficiente鈥.ag谩rrense porque vienen curvas. La acreditaci贸n del conocimiento de los idiomas oficiales de Catalu帽a podr谩 hacerse, adem谩s de mediante la titulaci贸n oficial correspondiente, mediante acreditaci贸n de la condici贸n pol铆tica de catal谩n, de la nacionalidad espa帽ola o de la de otro Estado donde se hable alguna de las lenguas oficiales de Catalu帽a. 驴Desde cu谩ndo tienen los idiomas pasaporte? 驴Desde cu谩ndo la condici贸n pol铆tica o administrativa de un ciudadano acredita el conocimiento de las particularidades ling眉铆sticas del discurso judicial?
Del futuro registro que planea el Ministerio de Justicia poco sabemos, m谩s all谩 de lo que sus responsables han manifestado p煤blicamente y que no resulta nada alentador. En los borradores que estos dicen manejar los criterios de admisi贸n en el registro siguen l铆neas similares a las del registro catal谩n: requisitos de titulaci贸n/cualificaci贸n acad茅mica muy dispares en funci贸n de idioma, experiencia profesional en el 谩mbito (que, en la pr谩ctica, s贸lo las empresas prestatarias de estos servicios podr铆an justificar, con todo lo que esto podr铆a conllevar), etc. No obstante, por el momento no existe ni anteproyecto de ley, por lo que hay cierto margen para la esperanza.
En cualquier caso, la situaci贸n descrita muestra cierta descoordinaci贸n, no ya s贸lo entre distintas administraciones, sino entre departamentos de una misma administraci贸n, as铆 como una aparente falta de inter茅s por escuchar el clamor de los profesionales y formadores para que no se desaproveche la coyuntura que la transposici贸n de la Directiva 64/2010 propicia para regular como corresponde la pr谩ctica de la interpretaci贸n y de la traducci贸n en el 谩mbito penal y poner fin a una regulaci贸n decimon贸nica y no ajustada a los tiempos que vivimos. Con una regulaci贸n adecuada, en la que la m谩xima consideraci贸n sea la calidad, ser谩 m谩s f谩cil abordar el tambi茅n necesario debate sobre las f贸rmulas de gesti贸n de este tipo de servicios, tema ajeno a la transposici贸n pero 铆ntimamente relacionado con la calidad y de suma importancia dada la experiencia atesorada en nuestro pa铆s al respecto.

As铆 que鈥.paciencia, hay que seguir esperando. Seguiremos informando.